Según el informe de 2015 del Observatorio de Derechos Humanos de la Mujeres, la mayoría de las mujeres que mueren por un aborto inseguro provienen de sectores empobrecidos y falta de educación básica.

Los registros nacionales indican que cada año egresan de los hospitales públicos entre 14 mil y 15 mil mujeres con diagnóstico de aborto. 102 de ellas eran niñas menores de 14 años, en 2015, lo que puede indicar la relación entre el abuso sexual y el aborto.

En las estimaciones de otros países se indican que sólo una de cada 6 mujeres que se realiza un aborto llega a un hospital. Así, en Honduras estarían ocurriendo en promedio 50,749 y 82,135 abortos por año según el informe del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Además, las niñas y mujeres hondureñas viven en un contexto muy peligroso y violento: en 2015 ocurrieron 328 casos de estupro o violencia sexual según las noticias publicadas en la prensa escrita nacional. Cada 16 horas, una hondureña está asesinada.

A pesar de ese contexto, hacen falta métodos de prevención. Según un informe reciente de UNICEF, 1 de cada 4 adolescentes en Honduras es madre. Sin embargo, Honduras tiene una de las leyes más restrictivas del mundo en su prohibición total de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), un método preventivo reconocido por la Organización Mundial del Salud. La falta de voluntad estatal para la implementación de programas de educación sexual en el sistema público evidencia una postura que privilegia intereses sectoriales antes que el bienestar y respeto de los derechos humanos de las hondureñas.

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